6 de noviembre, Día para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

La memoria de un territorio también viaja en aquello que compramos, aunque sus historias pocas veces lleguen hasta la góndola.

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución A/RES/56/4 el 5 de noviembre de 2001 , y designó el 6 de noviembre como Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Su origen reconoce un daño que suele quedar fuera del recuento inmediato de una guerra, aunque sus consecuencias puedan acompañar a una comunidad durante generaciones.

El ambiente también guarda memoria

Un enfrentamiento puede terminar mientras un río sigue contaminado, los cultivos no vuelven a crecer o un bosque permanece inaccesible, prolongando las dificultades para sostener la vida cotidiana. La página de Naciones Unidas sobre esta conmemoración recoge una estimación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al menos el 40 por ciento de los conflictos internos de un período de seis décadas estuvo relacionado con recursos naturales, y los conflictos asociados con esos recursos tienen el doble de probabilidad de volver a producirse.

El control del agua puede decidir quién permanece en un territorio, mientras la explotación de minerales o madera puede financiar un enfrentamiento. Cuando una comunidad pierde esas condiciones de subsistencia, también se altera la transmisión de saberes, y el tiempo dedicado a conseguir alimentos o agua segura puede desplazar otras actividades. Esas cargas atraviesan desigualmente a personas de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, a personas campesinas y a las niñeces, además de quienes sostienen tareas de cuidado.

En 2025, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió sobre la magnitud de los daños ambientales en Gaza, con enormes volúmenes de escombros y sistemas de agua y saneamiento devastados. Esa advertencia permite comprender que reconstruir incluye recuperar condiciones ambientales para vivir, una tarea cuyas consecuencias y necesidades pueden extenderse durante décadas.

Una lectura desde América Latina

Esta fecha nació para abordar los conflictos armados, aunque también abre preguntas sobre violencias territoriales fuera de una guerra declarada, sin equiparar situaciones diferentes. Global Witness documentó que en 2023 fueron asesinadas 196 personas por defender la tierra y el ambiente, y que casi el 85 por ciento de esos crímenes ocurrió en América Latina.

Según el informe de la organización publicado en septiembre de 2025, al menos 146 personas defensoras de la tierra y el ambiente fueron asesinadas o desaparecieron durante 2024, con alrededor del 80 por ciento de los casos documentados en América Latina. Los recuentos tienen alcances distintos y no permiten deducir una tendencia mediante una comparación directa, mientras el miedo y las barreras de acceso a la justicia pueden dejar agresiones fuera de los registros.

Los informes de Global Witness ubican a Colombia, Brasil, Honduras y México entre los países más peligrosos para esa defensa, y señalan una presencia desproporcionada de personas de pueblos indígenas entre las víctimas. Las cadenas de suministro pueden atravesar territorios afectados por estas violencias, aunque asociar una agresión con una operación empresarial exige evidencia específica, porque la cercanía geográfica por sí sola no establece responsabilidades.

Escazú y la posibilidad de participar antes

América Latina y el Caribe construyeron una herramienta propia frente a esta historia, el Acuerdo de Escazú, en vigor desde 2021, es el primer tratado ambiental de la región y el primero del mundo con disposiciones específicas para proteger a personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Reconoce el derecho a obtener información ambiental y participar en las decisiones, junto con el acceso a la justicia cuando esos derechos encuentran obstáculos.

Estos derechos adquieren especial importancia cuando una comunidad enfrenta a una compañía con recursos jurídicos y económicos muy superiores. La participación necesita comenzar cuando todavía hay decisiones abiertas , con información accesible y atención a las lenguas de cada territorio, respetando también sus tiempos y formas de organización. Una convocatoria puede parecer abierta y, aun así, dejar afuera a quienes no pueden trasladarse o tienen responsabilidades de cuidado sin apoyo.

Las decisiones de organizaciones, liderazgos y áreas de Personas

Un producto puede recorrer miles de kilómetros hasta una góndola, mientras su historia queda tres o cuatro eslabones detrás de la empresa que lo factura. Si la conversación ambiental se limita al consumo de papel o a la huella de carbono de la oficina, pueden quedar fuera riesgos asociados con la extracción de un mineral o con el acceso comunitario al agua.

Para organizaciones de España y América Latina que comparten cadenas de valor, los marcos europeos de debida diligencia pueden traducirse en solicitudes de información a empresas proveedoras, según su alcance y aplicación, aunque la casa matriz esté a diez mil kilómetros. Una auditoría basada únicamente en documentos de la propia operación puede omitir conflictos de tenencia u hostigamientos que una comunidad viene señalando desde hace años.

Los liderazgos deben resolver qué ocurre cuando una alerta territorial entra en tensión con un precio o un plazo de entrega, porque escuchar necesita recursos y capacidad para revisar una compra. Las áreas de Personas pueden acompañar a Compras y a los equipos jurídicos y de sostenibilidad, incorporando formación situada y revisando si los criterios de evaluación penalizan a quien advierte un problema que demora una operación.

Ese trabajo requiere contrastar la documentación con información pública y conversaciones territoriales, además de contar con mecanismos de reclamo y reparación accesibles y seguros. Un acuerdo con una autoridad no agota la participación, y tratar una firma como licencia social suficiente puede cerrar dentro de la empresa una conversación que afuera todavía no empezó.

Preguntas para seguir el recorrido

Para comenzar, podés elegir un insumo que compre tu organización y reconstruir su recorrido con las áreas involucradas, registrando tanto las respuestas como aquello que falta conocer, sin convertir la revisión en otro formulario que nadie retoma.

¿Hasta qué eslabón conocemos el origen del insumo, y podemos identificar el territorio además de la empresa que emite la factura?

¿Las evaluaciones ambientales incorporan las voces de quienes viven allí, con información accesible y condiciones que permitan participar?

¿Las decisiones de compra consideran antecedentes documentados de violencia o desplazamiento, además de discriminación y afectación de derechos colectivos?

¿Quiénes participaron en los acuerdos, qué voces quedaron afuera y qué decisiones siguen abiertas a revisión?

¿Existe un canal de reclamo que no dependa de la voluntad de la operación, proteja frente a represalias e informe plazos y seguimiento?

La existencia de esta fecha y la entrada en vigor de Escazú muestran avances en el reconocimiento de los vínculos entre ambiente y derechos, aunque su traducción cotidiana siga siendo desigual. Para las organizaciones, una dirección posible es acercar la trazabilidad a la escucha territorial, permitiendo que lo aprendido cambie decisiones antes de cerrar una compra y que la memoria de quienes habitan esos lugares encuentre espacio en esa conversación.