2 de noviembre, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

La memoria de quienes contaron lo que ocurría también invita a mirar qué respuestas reciben las voces que incomodan al poder.

Una fecha que empezó después de una entrevista

El 2 de noviembre de 2013, Ghislaine Dupont y Claude Verlon, de Radio France Internationale, sufrieron un secuestro y posterior asesinato en Kidal, al norte de Malí, después de una entrevista, un hecho que quedó ligado al calendario internacional cuando la Asamblea General de Naciones Unidas eligió esa fecha para recordar la urgencia de poner fin a la impunidad.

Según la página conmemorativa de Naciones Unidas de 2025 , la resolución que estableció la jornada se aprobó en diciembre de 2013, menos de dos meses después del crimen, por eso su historia remite a vidas interrumpidas y a una responsabilidad que continúa cuando la noticia deja de ocupar espacio público.

El énfasis está en lo que sucede después, en las investigaciones que avanzan o se estancan, en las familias que esperan saber quién dio la orden y en las condiciones que permiten repetir una agresión, porque la falta de respuesta también comunica , tanto a quienes ejercen violencia como a quienes necesitan protección para seguir contando.

Qué muestran las cifras y qué dejan afuera

En su informe difundido el 31 de octubre de 2024, la UNESCO señaló que el 85% de los asesinatos de periodistas permanecían impunes , una proporción mundial referida a los casos bajo seguimiento del organismo, que permite dimensionar la persistencia del problema sin presentarla como una actualización de 2026.

El informe registra una reducción de la impunidad respecto de años anteriores, aunque el nivel sigue siendo elevado y el promedio mundial no describe por sí mismo las diferencias entre países, por eso conviene distinguir el avance estadístico de las respuestas que todavía necesita cada investigación.

También importa reconocer el alcance de ese porcentaje, porque los registros de asesinatos vinculados al ejercicio periodístico no reúnen todas las violencias que pueden interrumpir una cobertura, entre ellas las amenazas, el hostigamiento digital, los despidos por represalia o las presiones económicas, cuyas consecuencias pueden quedar fuera de esa medición.

Como explica la UNESCO en su página de la jornada de 2025 , la impunidad debilita la libertad de expresión y el acceso a la información, de modo que sus consecuencias alcanzan a las comunidades que dependen de esas coberturas para comprender lo que ocurre y ejercer sus derechos.

La cercanía del poder y las desigualdades de protección

Desde América Latina y el Caribe, esta conversación pide mirar más allá de las grandes redacciones, hacia las coberturas sobre corrupción local, economías ilegales y conflictos por la tierra, especialmente fuera de las capitales, donde investigar puede implicar convivir cotidianamente con las estructuras de poder sobre las que se informa.

La mirada de diversidad agrega preguntas sobre la distribución del respaldo, qué recursos tiene una persona que ejerce el periodismo por cuenta propia, qué barreras encuentra una persona indígena para denunciar una amenaza o cómo intervienen el racismo, el género y la orientación sexual en el hostigamiento, sin atribuir al porcentaje mundial respuestas que no ofrece.

Atender esas diferencias permite pensar la protección desde las condiciones de cada persona, considerando su territorio, sus vínculos laborales y las posibilidades de acceder a acompañamiento jurídico, porque un derecho compartido puede encontrar obstáculos distintos al momento de ejercerlo.

Las decisiones que corresponden a una organización

Un asesinato y una represalia laboral tienen escalas y consecuencias diferentes, y cuidar esa distinción permite acercar la conversación a las organizaciones sin equipararlas, a partir de una preocupación compartida, qué sucede cuando alguien comunica algo que incomoda a quienes deciden sobre su seguridad o su continuidad.

Puede tratarse de una empresa proveedora que factura servicios que nunca prestó, de incidentes de seguridad que quedan sin reportar o de situaciones de maltrato, y la decisión de hablar estará atravesada por el respaldo disponible y por lo que ocurrió con quienes plantearon un problema antes.

Para la conducción y las áreas de Personas, esto supone preparar la primera escucha, porque una alerta puede llegar a la jefatura antes que al canal formal, y esa conversación necesita orientación sobre los próximos pasos, límites claros sobre la confidencialidad y un recorrido que evite repetir innecesariamente el relato.

La Directiva europea sobre protección de personas denunciantes estableció obligaciones sobre canales internos, respuesta y protección frente a represalias dentro de su ámbito de aplicación, mientras que en España corresponde revisar las exigencias de la normativa aplicable a cada organización, y en América Latina esa revisión requiere atender al país, al sector y a las disposiciones de integridad y protección laboral correspondientes.

Más allá del cumplimiento, el cuidado continúa después de recibir la alerta , cuando una reasignación de tareas, un cambio de turno o una promoción detenida pueden requerir revisión, sin asumir automáticamente una represalia y sin descartar esa posibilidad porque la relación laboral continúa.

Cinco preguntas para revisar las respuestas

Si mirás estos procesos dentro de tu organización, estas preguntas pueden ayudar a contrastar el procedimiento escrito con la experiencia de quienes lo necesitan, cuidando que la revisión no vuelva a exponer a ninguna persona.

De las alertas recibidas durante los últimos doce meses, ¿cuántas tuvieron una respuesta escrita y comprensible, y cómo se informó el estado de aquellas que siguen abiertas?

¿El procedimiento permite reportar sin dar el nombre cuando corresponde, explica los alcances del anonimato y ofrece un formulario que puede completarse sin asesoramiento legal?

Al revisar los últimos dos años, ¿qué ocurrió con las tareas, evaluaciones, oportunidades y continuidad de quienes reportaron problemas, y cómo se resguarda su identidad durante ese seguimiento?

¿Las encuestas internas permiten conocer el temor a posibles represalias según área, nivel jerárquico y tipo de contrato, sin exponer a grupos pequeños ni perder de vista la tercerización y los contratos cortos?

Cuando una alerta involucra a alguien del comité que recibe las denuncias, ¿quién asume la revisión sin conflictos de interés y cómo se comunica ese recorrido a la persona que la presentó?

Una memoria que también necesita respuestas

La reducción de la impunidad registrada por la UNESCO y el desarrollo de marcos de protección muestran avances, aunque persiste una distancia importante entre reconocer un derecho y contar con condiciones para ejercerlo, una distancia que requiere atención sostenida en cada ámbito, con responsabilidades diferentes.

En las organizaciones, una dirección posible es sostener respuestas documentadas, responsabilidades definidas y seguimiento de posibles represalias, para que la confianza pueda apoyarse en la experiencia de haber recibido escucha y protección, también después de que la conversación incómoda haya terminado.