DEIBmeEnglish

26 de agosto, voto de las mujeres y la conversación que todavía tenemos abierta

Gastón Boireau Lahore

Cada 26 de agosto volvemos la mirada sobre una conquista histórica que permitió el ingreso formal a la ciudadanía política, analizando por qué hoy en las organizaciones latinoamericanas todavía observamos brechas que impiden a las personas ejercer plenamente su derecho a decidir y liderar sin obstáculos adicionales.

El 26 de agosto recuerda el momento en que el voto dejó de tener un solo dueño, y sirve para preguntarnos por qué las juventudes de América Latina, sobre todo las mujeres jóvenes, las personas trans y quienes migran, siguen encontrando mesas donde su voz llega tarde o llega filtrada.

Una conquista en etapas

La ratificación de la Decimonovena Enmienda en Estados Unidos el 26 de agosto de 1920 marcó un hito administrativo, pero la historia completa relata que mujeres afroamericanas e indígenas debieron esperar hasta la Ley de Derecho al Voto de 1965 para sortear impuestos electorales y pruebas de lectura discriminatorias, demostrando que la ley escrita suele demorar décadas en volverse una realidad cotidiana para quienes enfrentan múltiples formas de exclusión.

En nuestra región el camino fue singular, con Matilde Hidalgo abriendo el paso en Ecuador durante 1924 como la primera mujer en votar en una elección nacional en Latinoamérica, seguida por hitos en Uruguay hacia 1938 y en Argentina con la ley de 1947 que permitió el voto en 1951, mientras Paraguay cerraba este ciclo sudamericano en 1961, consolidando un proceso que siempre dependió de la presión social y los movimientos colectivos locales.

Este recorrido histórico nos muestra que los derechos no son conquistas lineales ni automáticas, porque cada avance legislativo necesitó de cuerpos ocupando el espacio público y desafiando el orden establecido en un contexto donde el acceso a la palabra estaba reservado a unos pocos, lo que hoy nos obliga a pensar en las deudas que todavía arrastramos en los ámbitos donde se ejerce el poder, ya sea en el parlamento o en el directorio de una empresa nacional.

Las sufragistas latinoamericanas entendieron muy temprano que la participación política era el primer escalón para reclamar por condiciones de vida dignas, por el fin de la tutela legal de los maridos y por la posibilidad de estudiar, transformando una demanda electoral en un movimiento social profundo que buscaba modificar la estructura de las familias y de los mercados de trabajo que todavía hoy intentamos modernizar.

Realidad regional actual

Al observar el panorama de 2025 en América Latina, notamos que la representación política y corporativa sigue condicionada por factores que exceden el mérito personal, porque las personas jóvenes que se identifican como mujeres o personas no binarias enfrentan hoy una precarización laboral más profunda que sus pares varones, sumando barreras de clase y origen étnico que limitan el acceso a las posiciones de mayor jerarquía e influencia estratégica.

Los datos de la CEPAL confirman que el tiempo dedicado al cuidado no remunerado sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, quienes destinan el triple de horas que los varones a estas tareas, lo que genera una fatiga estructural que condiciona la permanencia en puestos de liderazgo, evidenciando que tener el derecho a participar no equivale necesariamente a tener las condiciones materiales para sostener esa participación a largo plazo.

Cuando analizamos el entorno laboral en nuestra región, descubrimos que los mandatos de cuidado actúan como una barrera invisible pero muy pesada, lo que lleva a muchas personas a aceptar empleos de menor calidad o con menos horas de las que desearían trabajar, simplemente porque el sistema de protección social no acompaña la redistribución de las tareas domésticas, dejando a la suerte individual lo que debería ser una responsabilidad colectiva.

La situación se vuelve todavía más compleja para las personas migrantes que llegan a nuestras ciudades buscando oportunidades, porque suelen quedar atrapadas en la informalidad laboral sin acceso a derechos básicos, repitiendo esquemas de exclusión que las leyes de igualdad de género no logran subsanar si no contemplan la nacionalidad y el estatus migratorio como factores de vulnerabilidad que el mercado explota.

20.3% · es la brecha global de participación laboral entre mujeres y varones según los datos más recientes sobre brechas de género Fuente, ONU Mujeres (2025).

Cuando la puerta abierta todavía queda lejos

Las organizaciones que asumen la equidad desde una mirada interseccional comprenden que no alcanza con abrir la puerta, que hace falta revisar cómo los sesgos de género y edad interactúan para bloquear el crecimiento de talentos diversos, especialmente cuando se trata de personas trans, migrantes o con discapacidad que suelen quedar fuera de los programas tradicionales de desarrollo profesional por falta de una perspectiva de inclusión amplia.

Muchos procesos de selección en las empresas todavía dependen de redes de contactos informales que excluyen a quienes no pertenecen a los mismos círculos sociales o educativos, reproduciendo una homogeneidad que apaga la innovación y castiga a quienes tienen trayectorias de vida diferentes, lo que termina por vaciar de sentido las políticas de diversidad si no se tocan los mecanismos profundos de contratación y promoción interna.

Observamos también que la falta de representación en los niveles de decisión no es una casualidad geográfica, dado que en América Latina las personas afrodescendientes y pertenecientes a pueblos originarios tienen tasas de participación en cargos de gerencia extremadamente bajas, lo que nos habla de un techo de cristal que tiene componentes de color y de clase que las empresas muchas veces prefieren no mencionar.

La distancia entre la ley y la vida explica lo que pasa hoy en las mesas donde se decide, porque una puerta puede estar abierta y, aun así, quedar demasiado lejos para muchas personas.

Obstáculos que persisten en la vida cotidiana

La cultura del trabajo en nuestras latitudes suele valorar la presencialidad total y la disponibilidad absoluta como sinónimos de compromiso, una lógica que perjudica directamente a quienes tienen personas a cargo o a quienes enfrentan problemas de movilidad, limitando las posibilidades de ascenso para quienes no encajan en el modelo tradicional de empleado que no tiene ninguna otra preocupación fuera de la oficina.

Esta dinámica genera una brecha salarial que, según datos de la OIT, se mantiene estancada en muchos países de la región, donde a pesar de tener niveles educativos similares o incluso superiores, las mujeres y las identidades diversas perciben ingresos menores por las mismas funciones, a lo que se suma el fenómeno de las paredes de cristal que las empujan hacia áreas de recursos humanos o comunicación, alejándolas de los sectores de tecnología, finanzas o producción donde los salarios son más altos.

Las personas no binarias enfrentan desafíos adicionales en el acceso al empleo formal, encontrando formularios que no contemplan su identidad o entornos de trabajo que no respetan su nombre social, lo que provoca una deserción temprana o un desgaste emocional que impide el desarrollo de una carrera profesional estable, obligando a muchas personas a optar por el autoempleo o la informalidad para evitar la discriminación directa.

Políticas para transformar el presente

Para que la igualdad deje de ser una declaración de principios y empiece a ser una vivencia en las oficinas y fábricas de nuestra región, necesitamos implementar acciones que reconozcan las trayectorias particulares de cada persona, entendiendo que el punto de partida no es el mismo para todos y que la meritocracia es un concepto incompleto si no analizamos las desigualdades de origen.

Revisar los procesos de reclutamiento para eliminar sesgos que penalizan las brechas en el currículum relacionadas con la maternidad o el cuidado de familiares.

Fomentar programas de mentoría que conecten a personas de grupos históricamente excluidos con los espacios de poder efectivo dentro de la organización.

Implementar licencias de cuidado que sean igualitarias y obligatorias, buscando que los varones asuman su parte de la responsabilidad doméstica desde el primer día.

Crear canales de denuncia seguros y protocolos contra el acoso laboral que contemplen la diversidad sexual y de género con total respeto.

Transformar la cultura implica reconocer que las responsabilidades de cuidado deben ser compartidas y que la flexibilidad no puede ser un beneficio excepcional, permitiendo que las juventudes aporten su visión sin ser penalizadas por su falta de antigüedad o por sus identidades diversas, logrando así que los espacios de toma de decisiones reflejen finalmente la pluralidad de la sociedad en la que operan y a la que pretenden servir.

Hacia una participación plena y efectiva

El desafío que tenemos por delante en América Latina es desarmar los prejuicios que asocian el liderazgo con una forma masculina y agresiva de ejercer la autoridad, abriendo paso a formas de gestión más colaborativas y humanas que entiendan la vulnerabilidad como una parte esencial de la experiencia de trabajo, lo que permite construir equipos más resilientes y comprometidos con el bienestar común.

La legislación argentina sobre cupo laboral trans en el sector público, establecida por la Ley 27636 de 2021, es un ejemplo de cómo la normativa puede intentar corregir una exclusión histórica, pero su éxito depende de que cada organismo y cada empresa privada asuma el compromiso de generar entornos seguros donde esas personas puedan quedarse y prosperar, no solo ocupar un espacio estadístico en una planilla de personal.

Cuando hablamos de voto y de ciudadanía política, hablamos de la capacidad de influir en el destino común, y esa capacidad se ejerce todos los días en la manera en que nos vinculamos con nuestros pares, en cómo escuchamos a quienes traen ideas distintas y en la valentía de cuestionar los privilegios que a veces nos impiden ver las dificultades que atraviesan las personas que caminan a nuestro lado.

Queda pendiente preguntarnos cuántas voces estamos perdiendo por sostener estructuras que fueron diseñadas para un solo perfil de persona, entendiendo que la conversación que abrieron las sufragistas hace un siglo sigue vibrando en cada reunión donde alguien no se siente representado, invitándonos a construir entornos donde el acceso alcance a todas las identidades que conviven en nuestro presente, cuidando que el esfuerzo por la equidad no se detenga en la superficie y llegue al corazón de cómo nos organizamos para producir y para convivir.

ContactoPublicaciones