💃 Sylvia Rivera y el grito para que la comunidad trans no quedara afuera

La memoria de una protesta también guarda una historia de cuidado, pertenencia y derechos que todavía orienta decisiones sobre el acceso al empleo.

En la filmación se escucha tanto el reclamo como el intento de silenciarlo, mientras Sylvia Rivera permanece frente al micrófono y habla de las personas travestis y trans encarceladas. El archivo de Stonewall Forever sitúa la intervención en el cuarto Christopher Street Liberation Day, el 24 de junio de 1973 , en Washington Square Park, Nueva York, cuando la celebración encontró una pregunta difícil sobre sus propias ausencias.

El registro, recuperado también por Video Activism en una publicación del 12 de agosto de 2016, bajo el título Y’all Better Quiet Down , conserva una disputa por la escucha dentro de un espacio que reclamaba derechos. Rivera señalaba que había personas de esa misma comunidad cuya exclusión continuaba, incluso mientras otras podían celebrar.

Una historia de organización y refugio

Rivera había nacido en Nueva York en 1951, en una familia de raíces puertorriqueñas y venezolanas, atravesó pérdidas familiares durante la infancia y vivió en la calle desde los once años. Sobrevivió mediante el trabajo sexual callejero, desde una experiencia en la que la violencia, la precariedad y la necesidad de encontrar protección estaban muy cerca.

Junto con Marsha P. Johnson impulsó STAR, Street Transvestite Action Revolutionaries, una organización que sostuvo una casa para personas trans jóvenes que necesitaban vivienda en el Lower East Side. Ambas destinaban recursos de su trabajo nocturno al espacio, donde una cocina, colchones y acuerdos de convivencia daban forma cotidiana al cuidado.

STAR articulaba organización política y respuesta habitacional, porque tener dónde dormir, comer y encontrar compañía también hacía posible sostener otros derechos. Esa historia ayuda a comprender el reclamo de Rivera, que llegaba al escenario desde una experiencia de cuidado compartido y pedía que esas necesidades tuvieran lugar en la agenda colectiva.

Las barreras se acumulan antes de una entrevista

En América Latina, esa pregunta atraviesa trayectorias marcadas por desigualdades que se superponen, entre ellas la pobreza, el racismo, las barreras migratorias y la criminalización. Para una persona travesti o trans, la expulsión escolar, la inestabilidad habitacional y las dificultades documentales pueden limitar las posibilidades de acceder a un empleo registrado mucho antes de enviar una postulación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado violencias contra las personas trans en la región, mientras Trans Murder Monitoring registra asesinatos reportados. El borrador también recoge al Observatorio de Personas Trans Asesinadas en Colombia, pero la información disponible para esta edición carece del período y la metodología necesarios para sostener comparaciones entre Colombia, México y Brasil, estimaciones de expectativa de vida o porcentajes nacionales de acceso al empleo.

Reconocer esas limitaciones permite cuidar cómo contamos estas vidas, evitando reducirlas a una cifra que no podemos contextualizar. Para una organización, además, contar únicamente cuántas personas LGBTQI+ llegaron a sus oficinas deja pendiente conocer qué condiciones de ingreso excluyen otras trayectorias, especialmente cuando se exige escolaridad completa o experiencia formal para cualquier puesto.

Los derechos reconocidos y sus caminos de acceso

La región cuenta con avances normativos importantes, entre ellos la Ley 26743 de Argentina, de 2012, la Ley 19684 de Uruguay, de 2018, y la Ley 21120 de Chile, también de 2018. Estos marcos reconocen derechos vinculados con la identidad de género, aunque sus alcances, requisitos y procedimientos difieren según el país y la situación de cada persona.

En Argentina, la Ley 27636, sancionada en 2021, establece para las personas travestis, transexuales y transgénero un cupo mínimo del 1% en el sector público nacional . También existen medidas provinciales y municipales con alcances propios, por lo que corresponde distinguir cada jurisdicción y evitar trasladar automáticamente esa obligación al sector privado.

El reconocimiento de la identidad y las políticas de empleo abren posibilidades, mientras su ejercicio cotidiano necesita procesos que acompañen esos derechos. Tanto en América Latina como en España, una organización puede revisar cómo recibe la documentación, cómo respeta el nombre de cada persona y qué respuesta ofrece ante la discriminación, atendiendo al marco normativo que le corresponde.

Qué decisiones corresponden a los liderazgos y a Personas

Para los liderazgos y las áreas de Personas, un primer movimiento consiste en revisar una búsqueda junto con el equipo que recibirá a quien ingrese, distinguiendo las capacidades necesarias de los requisitos heredados. Si revisás una posición de ese modo, podés identificar qué conocimientos se necesitan desde el comienzo y cuáles pueden adquirirse mediante formación remunerada.

Reconocer experiencia en la economía informal amplía la lectura de una trayectoria, mientras la revisión de antecedentes requiere evaluar pertinencia, proporcionalidad y marco legal. También importa analizar cuándo una credencial educativa responde a la tarea y cuándo funciona como un filtro que podría reemplazarse por otra forma de evaluar capacidades.

La incorporación necesita presupuesto, responsabilidades y tiempo de acompañamiento, especialmente cuando aparecen dificultades de vivienda, salud o documentación. Las alianzas con organizaciones comunitarias pueden aportar cercanía y conocimiento, y la responsabilidad por las condiciones de empleo permanece dentro de la organización que contrata.

La no violencia también se juega en la permanencia, mediante canales de denuncia accesibles desde el ingreso, protección de la información personal y respuestas frente al hostigamiento y las represalias. Revisar cómo se evalúan las ausencias vinculadas con violencia, salud o vivienda inestable permite evitar que el acompañamiento dependa únicamente de una voluntad individual.

Cinco preguntas para revisar las condiciones de pertenencia

Estas preguntas pueden orientar una conversación entre conducción, Personas y equipos, siempre que cada respuesta permita identificar una decisión, una responsabilidad y una instancia de seguimiento.

¿Qué requisitos de ingreso responden a necesidades de la tarea, y cuáles podríamos reemplazar por formación remunerada o evaluaciones de capacidades?

¿Cómo participan las personas travestis y trans en las decisiones que las involucran, y qué tiempo y reconocimiento destinamos a esa participación?

¿Qué muestran nuestros indicadores sobre permanencia y desarrollo, además de las incorporaciones, y cómo protegemos la información que recogemos?

¿Qué presupuesto y responsabilidades sostienen el acompañamiento, y cómo aseguramos su continuidad cuando cambia un equipo?

¿Qué protección ofrecemos ante una denuncia de discriminación, y cómo verificamos que también alcance a quienes acaban de ingresar?

Una memoria que orienta el cuidado

Rivera murió en 2002, después de una trayectoria atravesada por la precariedad y por tensiones con el movimiento del que formaba parte. Recordarla permite recuperar tanto su intervención pública como la organización cotidiana que sostuvo junto con otras personas, cuando el cuidado necesitaba una casa y la participación necesitaba un micrófono.

Los avances normativos y los espacios de participación conquistados merecen reconocimiento, mientras las barreras que persisten requieren respuestas específicas. Una dirección posible es revisar cómo se ingresa, cómo se permanece y qué protección encuentra quien señala una violencia, para que los derechos reconocidos tengan condiciones que permitan ejercerlos.