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12 de agosto, juventudes que trabajan y la promesa que sigue pendiente

Sofi

Cada 12 de agosto nos convoca el Día Internacional de la Juventud para reflexionar sobre la integración de las personas jóvenes en las estructuras productivas latinoamericanas, entendiendo que su participación plena resulta fundamental para la sostenibilidad social y el crecimiento económico de las organizaciones que habitan nuestra región hoy.

Un espacio ganado

La historia de esta fecha nació en 1998 durante la Conferencia Mundial de Ministros Responsables de la Juventud en Lisboa, donde se gestaron políticas para responder a los desafíos del nuevo milenio, logrando que en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas oficializara la celebración mediante la resolución 54/120, buscando que quienes tienen entre 15 y 24 años dejen de ser sujetos de asistencia.

Aquel hito intentó romper la idea de que la juventud es una sala de espera hasta la adultez, impulsando marcos legales que protejan el primer empleo y fomenten la educación continua en entornos cambiantes, aunque las brechas de acceso a tecnología marcaron desde el inicio una diferencia profunda entre los países del norte y nuestras realidades locales que todavía arrastran deudas en materia de inserción genuina.

La resolución de Naciones Unidas también estableció que cada año debía abordarse un tema específico, permitiendo que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil pusieran el foco en dimensiones diversas de la experiencia juvenil, desde la participación política hasta la salud mental, pasando por el acceso a la educación técnica y el emprendimiento social, lo que generó un marco de diálogo internacional que llegó a nuestra región con ritmos desiguales según el desarrollo institucional de cada país.

Desafíos regionales

En el contexto de Latinoamérica durante 2025 vemos que las juventudes enfrentan un panorama donde la informalidad laboral alcanza niveles alarmantes, superando el 50% en varios sectores urbanos, lo que impide que personas con gran potencial logren estabilidad o acceso a sistemas de salud, agravándose cuando las empresas exigen años de trayectoria para puestos iniciales, generando un círculo donde nadie logra empezar sin espacios de aprendizaje.

Las brechas de género se sienten con fuerza en este segmento porque las mujeres jóvenes y las personas no binarias dedican muchas horas a tareas de cuidado no remuneradas, limitando su disponibilidad para empleos de calidad, y mientras la digitalización avanza, no todas las comunidades cuentan con la conectividad necesaria para aprovechar el trabajo remoto, concentrando las oportunidades en polos urbanos y postergando a las zonas rurales.

La Organización Internacional del Trabajo reconoce que en nuestra región las personas jóvenes tienen tres veces más probabilidades que las adultas de estar desempleadas, mientras que quienes logran insertarse laboralmente suelen hacerlo bajo condiciones precarias, sin contratos formales, sin cobertura social y recibiendo salarios por debajo de los mínimos establecidos, una situación que se profundiza en países centroamericanos y en algunas zonas del Caribe donde las economías dependen de sectores estacionales como el turismo o la agricultura de exportación.

A esta realidad se suma la migración forzada de talento joven hacia países que ofrecen mejores condiciones, provocando una fuga de capacidades que debilita el tejido productivo local y deja a las comunidades sin renovación generacional, especialmente en áreas técnicas y científicas donde la inversión pública en formación resulta insuficiente para retener a quienes se capacitan con esfuerzo familiar y becas limitadas.

Marcos normativos que nos interpelan

Varios países de la región han avanzado en leyes de primer empleo joven que buscan incentivar la contratación mediante reducción de cargas patronales o cupos mínimos en organismos públicos, aunque su efectividad depende del diseño de los programas y del acompañamiento técnico que reciban las empresas para implementarlos sin que se transformen en mecanismos de precarización disfrazada.

En Argentina, por ejemplo, la Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente regula las condiciones en las que personas menores de 18 años pueden incorporarse al mercado laboral, estableciendo jornadas reducidas y prohibiendo tareas peligrosas, mientras que en Uruguay la Ley 19.133 de Empleo Juvenil creó incentivos para la formalización de contratos con personas de hasta 29 años, demostrando que cuando existe voluntad política y recursos asignados, las barreras estructurales pueden comenzar a modificarse.

Sin embargo, la brecha entre la normativa y su aplicación sigue siendo enorme en contextos donde la inspección laboral resulta débil, las sanciones por incumplimiento son bajas y la cultura organizacional reproduce prácticas de explotación que se naturalizan bajo el argumento de que "así se aprende", haciendo que muchas personas jóvenes acepten condiciones indignas con tal de sumar experiencia en su currículum.

Equidad en acción

Para una organización que asume el compromiso de la equidad, el camino empieza por revisar los sesgos que asocian juventud con falta de experiencia insalvable, diseñando programas de mentoría inversa donde las personas ingresantes enseñen sobre nuevas herramientas digitales a quienes ocupan cargos directivos, estableciendo procesos de selección que valoren las habilidades blandas y la capacidad de aprendizaje por sobre la acumulación de certificados inalcanzables.

Resulta necesario implementar esquemas de contratación transparentes con salarios dignos que permitan la independencia real, eliminando las pasantías gratuitas que solo pueden sostener quienes tienen familias con recursos y garantizando que cada tarea tenga un propósito claro, porque cuando una persona joven siente que su aporte es valorado y existe un plan de crecimiento interno, su compromiso se transforma en el motor de la innovación organizacional.

Una práctica que empieza a ganar terreno en algunas organizaciones es la creación de comités intergeneracionales donde participan personas de distintas edades en la toma de decisiones sobre políticas de recursos humanos, flexibilidad horaria y protocolos de comunicación interna, permitiendo que las voces juveniles no queden relegadas a roles decorativos en presentaciones institucionales, ya que su mirada aporta una perspectiva fresca sobre cómo adaptar las estructuras rígidas heredadas de modelos del siglo pasado.

También resulta valioso revisar las descripciones de los puestos de trabajo para identificar requisitos que funcionan como barreras artificiales, como pedir 5 años de experiencia para tareas que pueden aprenderse en meses con un buen acompañamiento, o exigir disponibilidad total cuando la naturaleza del trabajo permite modalidades híbridas que facilitan la conciliación con estudios o responsabilidades de cuidado, ampliando así el universo de candidaturas posibles y diversificando los perfiles que enriquecen la cultura organizacional.

Situaciones cotidianas en los espacios de trabajo

Pensemos en Camila, una diseñadora gráfica de 23 años que ingresó a una agencia de comunicación con un contrato de prueba de 3 meses renovables, sin obra social ni aportes jubilatorios, ganando menos de la mitad de lo que cobraban sus colegas con antigüedad por realizar las mismas tareas, una situación que se repite en miles de organizaciones donde la juventud se aprovecha como sinónimo de mano de obra barata y flexible.

O en Matías, un técnico en programación de 21 años que logró un empleo formal después de completar un bootcamp gratuito ofrecido por una organización social, pero que enfrenta constantemente comentarios desvalorizantes sobre su formación autodidacta frente a quienes tienen títulos universitarios, aunque su desempeño técnico sea igual o superior, evidenciando cómo los prejuicios sobre las trayectorias educativas no tradicionales operan como techo invisible para el desarrollo profesional.

También están las personas jóvenes que trabajan en sectores de servicios, atención al público o logística, expuestas a jornadas extenuantes, hostigamiento de supervisores que abusan de su posición jerárquica y ausencia de canales para denunciar malas prácticas sin temor a represalias, situaciones que se agravan cuando las personas afectadas provienen de hogares de bajos ingresos y no pueden darse el lujo de renunciar mientras buscan algo mejor.

El aporte de las juventudes a la transformación organizacional

Incorporar perspectivas jóvenes en los equipos no se reduce a cumplir con una cuota generacional, implica reconocer que quienes crecieron en entornos digitales, con acceso a información global y expuestos a movimientos sociales que cuestionan las desigualdades, traen consigo una sensibilidad distinta frente a temas como la sustentabilidad ambiental, la diversidad sexual, la equidad racial y la salud mental en el trabajo.

Estas personas suelen estar más dispuestas a cuestionar jerarquías innecesarias, a proponer formas horizontales de colaboración y a demandar coherencia entre los valores declarados por una organización y sus prácticas diarias, lo que puede incomodar a estructuras acostumbradas a operar sin rendir cuentas, pero que también representa una oportunidad de renovación cultural que permite adaptarse a las expectativas de consumidores, inversores y reguladores cada vez más atentos a las dimensiones éticas del negocio.

Además, las juventudes latinoamericanas cargan con una historia de resistencia y organización colectiva que se expresa en su participación en movimientos estudiantiles, ambientales y feministas, experiencias que desarrollan habilidades de liderazgo, negociación y trabajo en red que resultan sumamente valiosas en contextos laborales si las organizaciones logran reconocerlas y canalizarlas en lugar de reprimirlas bajo normas rígidas de comportamiento corporativo.

La inclusión de las juventudes no es una concesión generacional, es el acto de reconocer que el talento no tiene edad y que la innovación nace cuando permitimos que nuevas miradas transformen nuestras estructuras tradicionales.

Hacia una promesa cumplida

Queda pendiente la promesa de un mercado laboral que no expulse a quienes intentan dar sus primeros pasos, invitando a las empresas a mirar más allá de los currículums estandarizados para descubrir el valor de la diversidad generacional, reconociendo que la energía de las personas jóvenes es el recurso más valioso que tenemos para construir un futuro compartido en nuestra región.

Cada 12 de agosto nos interpela a revisar si estamos generando condiciones genuinas de inserción laboral o simplemente reproduciendo discursos que suenan bien en las memorias institucionales mientras perpetuamos dinámicas de explotación, preguntándonos si nuestras organizaciones son espacios donde las juventudes pueden desarrollar su potencial con dignidad o apenas escalones temporales en trayectorias marcadas por la precariedad.

La respuesta a esa pregunta define el tipo de sociedad que estamos construyendo, una donde las generaciones conviven y se potencian mutuamente o una donde la promesa de movilidad social sigue siendo un espejismo para quienes cargan con la doble desventaja de ser jóvenes y pertenecer a sectores históricamente excluidos por su género, su origen étnico, su lugar de residencia o su situación socioeconómica.

27% · de las personas jóvenes en América Latina y el Caribe no estudian ni trabajan con paga, afectando principalmente a mujeres por la carga de cuidados Fuente, CEPAL (2025).

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